Sobre la centralización del manejo de los recursos de las enfermedades de alto costo en Colombia.

Por allá en julio de 2011, el presidente Santos reconocía un cartel que había desfalcado alrededor de 30.000 millones de pesos al  sistema de salud, consecuencia de recobros  ilegales al entonces Fosyga por falsos medicamentos, procedimientos e intervenciones. En ese entonces Salud Colpatria, Ecoopsos, Solsalud; eran algunas de las EPS involucradas en el escándalo, donde también, intervenían funcionarios del ministerio que levantaban glosas y aprobaban muchos de los recobros ilegales que terminaban en manos de las EPS y sus dueños que a su vez, distribuían comisiones en los intermediarios.

Posteriormente apareció una investigación contra ACEMI (cartel de la EPS), pues existían hechos que demostraban que se estaban recobrando de manera ilegal, servicios, medicamentos y procedimientos POS, por lo que el sector debía girar más recursos para servicios ya contemplados dentro del plan obligatorio de salud (pagaban dos veces por lo mismo). Además de forma deliberada, pretendían manipular los valores de la UPC establecidas con el fin de obtener mayores recursos. Según los cálculos realizados por ese entonces, los recobros de las 14 EPS agremiadas en ACEMI, pasaron de 336.600 millones en 2006 a 1,8 billones de pesos en 2009 (gobierno Uribe en ese momento). A su vez, la universidad Nacional demostró que algunas EPS, presentaban compra de medicamentos esenciales (acetaminofén, naproxeno, hierro, loratadina, ibuprofeno, etc.) por valores absolutamente exorbitantes alcanzando en algunos casos el bilón de pesos.

Hace casi 2 años apareció un cartel en el departamento de Córdoba, en este caso, el denominado cartel de la hemofilia. Se conoció que durante 3 años, dicho departamento en cabeza en ese entonces de Alejandro Lyons, pagó más de 50.000 millones de pesos a un grupo de clínicas por la supuesta atención de pacientes hemofílicos (enfermedad de alto costo y que inexplicablemente, aumentó de manera súbita, su incidencia durante esos años); los cuales en realidad nunca existieron, por lo que ese dinero fue directo a manos de privados que montaron clínicas de papel, historias clínicas falsas, exámenes falsos y recobros ilegales por medicamentos y servicios No Pos.  Sin duda alguna, todo esto con complicidad de  las secretarias de salud y entes de vigilancias departamentales.

Durante el 2016 se conoció sobre el cartel de los pañales, empresas como Tecnoquímicas, Familia y Kimberly, fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por fijar artificialmente el precio de los pañales durante la primera década de este siglo, afectando a más de 2 millones de hogares, principalmente de estratos bajos.

En Antioquia, se dio a conocer a finales de 2016, el cartel de la salud. En este caso, el concejal Bernardo Guerra, fue el primero en denunciar que en hospitales públicos del departamento, se estaba presentando un carrusel de contrataciones basado en manipulaciones de concursos para la elección de gerentes de las ESE con sus posteriores nombramientos internos a cambio de beneficios personales. Los casos de mayor repercusión fueron el del actual gerente del Hospital General de Medellín, Jesús Eugenio Bustamante y el del hospital La Maria, donde se desviaron cerca de 6000 millones de pesos para procedimientos estéticos a familiares de funcionarios y ex funcionarios de la institución, así como también, recobros por servicios a personas fallecidas y otras alteraciones financieras. Se encuentran bajo la lupa también, los hospitales públicos de

Bello, Turbo, Yolombó, Caucasia y Puerto Berrio.

Finalmente hace 2 días, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo afirmó que se estaba investigando un nuevo hecho de corrupción en el sector, esta vez con pacientes diagnosticados con VIH a lo que denominó como “el cartel del Sida” (si bien el término correcto sería VIH). En palabras textuales, afirmó que “El “cartel de la hemofilia” es un juego de niños al lado de lo que hemos descubierto en Córdoba en relación con los pacientes del Sida”. La forma es muy similar a la ejecutada por “el cartel de la hemofilia” y con desviación de aproximadamente 50.000 millones de pesos.

Frente a este escenario, vuelve a tomar fuerza la propuesta de centralizar el manejo de los recursos territoriales de salud. Si bien uno de los grandes logros políticos y sociales, ha sido la descentralización del poder en Colombia (a veces más en la teoría que en la práctica), estos hechos de corrupción nombrados previamente, dejan muchísima preocupación frente a la capacidad regional para gestionar los recursos de salud y en especial, sobre los organismos de control y vigilancia departamentales que en una importante proporción, han sido cómplices de estos fenómenos.

¿Es imperiosa la necesidad de una nueva centralización en salud?. Es una pregunta que debe ser eje central de los próximos debates del sector. Al menos, según lo propuesto por el ministerio de salud y protección social, el pago de medicamentos y procedimientos de alto costo que no están en el plan de beneficios, debería ser administrado solamente por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), con esto se evitaría en su concepto, el giro directo y sin ningún tipo de verificación y control, de enormes cantidades de dinero que desfalcan los recursos del sector y agravan aún más la difícil situación económica que atraviesa. Si bien muchos gobernadores y servidores públicos se han opuesto a esta idea, los múltiples escándalos acontecidos siembran la duda.

La corrupción en Colombia alcanza dimensiones inimaginables y el sector salud es uno de los que más síntomas genera. Hoy es el cartel del Sida, pero seguro mañana, será el cartel de la porfiria, el cartel del cáncer de cérvix o de la artritis reumatoidea. La idea de centralizar el manejo de los recursos de estas enfermedades, es valiosa – y necesaria- desde el punto de vista financiero y de lo que hoy en día constituye ADRES como administradora; sin embargo, esta idiosincrasia corrupta, facilista y tramposa que hemos legitimado, sin la más mínima vergüenza o culpa, hace de la situación actual, algo mucho más complejo y doloroso, pues los que realmente sufren las consecuencias son aquellos que de verdad padecen estas enfermedades. Manejar los recursos de la enfermedades de alto costo desde Bogotá, no garantiza eliminar automáticamente la corrupción, pero hablando estrictamente del sector salud, esta cartera y ahora ADRES, han dado muestras de una muy buena capacidad técnica y administrativa que en estos momentos puede ser una solución importante para el problema que tenemos (falta ver que seguirá con el siguiente periodo presidencial).

¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta cuándo se va a legitimar la corrupción rampante y el cinismo de los responsables?. Si robar es un acto totalmente rechazable, robar recursos de la salud, es aún peor, absolutamente miserable y mezquino. Más aún, para un sistema de salud que pasó de recobrar por servicios No Pos 4.244 millones en 2003, a 2.2 billones en 2010.

El compromiso social exige la participación de todos los actores.

Nota final: Hay temas muchísimo más importantes que las Farc y ojalá la discusión en los próximos meses en este país, deje de girar alrededor del SI o el NO. Muchas cosas afuera nos esperan para darle la cara.